Se siguen conociendo detalles del proyecto de Ley de Presupuesto que el Gobierno planea aprobar para el 2019. En uno de los puntos más controvertidos, el Ministerio de Hacienda busca un aumento generalizado del impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado.
Es que en el proyecto el Gobierno insiste en eliminar exenciones en Ganancias aprobadas en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía mediante las cuales fuera establecido —o se establezca en el futuro— la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto.
Así, el Presupuesto 2019 prevé más ingresos por el impuesto a las Ganancias sobre trabajadores y jubilados, la eliminación de exenciones y la aplicación del tributo sobre todos los componentes del sueldo, incluidas las sumas no remunerativas.
También se tomarían para el cálculo los extras por viáticos, guardería y otras sumas hasta ahora exentas. Estos cambios habían sido eliminados de la reforma impositiva que se aprobó el año pasado.
En su artículo 86, se detalla que no se aplicarán las exenciones por conceptos como gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación similar.
De esta manera, sin exenciones de por medio, el tributo al salario crecería de manera significativa y sería un duro golpe al bolsillo de los trabajadores en relación de dependencia.
Fuentes del Ministerio de Economía expresaron a Clarín que estiman que de esta manera el Estado recaudará unos $25.000 millones extra. En contraste, al mantener la exención de Ganancias para los funcionarios del Poder Judicial, perderá ingresos tributarios por este concepto de $7.337 millones en 2018 y de $9.854 millones en 2019.
El proyecto establece, además, que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales, vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros, se encuentren alcanzados por el impuesto a las Ganancias, aun cuando no sean remunerativos a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Seguridad Social o regímenes provinciales o municipales análogos.
En el proyecto oficial se insiste en la intención de derogar la exención en el impuesto a las Ganancias que gozan las cooperativas y las mutuales que desarrollen actividades de crédito y/o financieras o de seguros y/o reaseguros, moción que si bien había sido incluida en el proyecto de reforma impositiva, también fue descargada por el Congreso y finalmente no resultó incluida en la reforma.
Por lo tanto, se busca terminar con la exención aún si los resultados provienen de actividades de ahorro, de crédito, financieras o de seguros. En la misma línea, también se busca postergar por un año una mayor deducción del Impuesto al Cheque de Ganancias.
En el proyecto de Presupuesto presentado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se estipula «derogar, con efecto a partir del 1º de enero de 2019, toda disposición (cualquiera sea su rango normativo) mediante la que se establezca –directa o indirectamente– la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del Impuesto a las Ganancias, excepto las establecidas en la Ley del Impuesto a las Ganancias». Por lo tanto, caerían todas las leyes provinciales y municipales que entreguen algún tipo de beneficio relacionado con ese gravamen.
