El abogado, además magíster en Derecho Administrativo y Derecho Procesal y docente en la Universidad de Buenos Aires, Gastón Urrejola, fue entrevistado por la Dra. Verónica Ottaviano en una nueva edición del programa Se Hará Justicia. Allí repasó algunos de los cambios en la ley de Procedimiento Administrativo que introdujo la reciente sanción de la ley Bases.
El 28 de junio pasado, finalmente, la Cámara de Diputados dio sanción a la denominada ley Bases que introdujo cambios en diferentes aspectos. Uno de ellos fue la modificación de la ley de Procedimiento Administrativa que databa la vigente del año 1972. Gastón Urrejola, especializado en derecho administrativo y procesal repasó algunas de las variantes que generó la nueva, sancionada en medio de fuertes debates.
«La sanción tuvo gran impacto en la ley nacional de Procedimientos Administrativos (19.549) que era de 1972. Había provincias que ya habían modificado y actualizado esta ley, pero lo que viene a hace es la modificación nacional en donde cada legislatura si lo cree necesario lo puede adoptar», afirmó Urrejola.
«Un principio nuevo es la tutela administrativa efectiva, son principios que ya se vienen aplicando por la Corte Suprema de la Nación o a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teníamos una ley muy vieja como mencionaba del año 1972, por lo cual la respuesta en el Poder Judicial fue aplicar fallos de la Corte Interamericana. Todo eso que ya se venía aplicando se plasmó en la ley. Con la tutela, se trata de respetar los derechos humanos que tienen las personas», amplió.
«El procedimiento administrativo son los pasos para que el Estado tome una decisión. Significa que ese ciudadano sea escuchado, si requiere o impugna una decisión del Estado puedo ofrecer pruebas para demostrar que el Estado me perjudica. Eso es la tutela administrativa efectiva», describió Urrejola.
«Es una ley que se aplicará no solo al Poder Ejecutivo, sino también la novedad es que alcanza a los poderes judicial y legislativo en ejercicio de la función administrativa».
Una de las cuestiones que introduce, para algunos aspectos, es el denominada «silencio positivo».
«La vieja ley decía que el silencio era negativo salvo que una norma establezca lo contrario. El nuevo texto mantiene que la regla general es que el silencio es negativo salvo que diga lo contrario. Amplia el silencio positivo para aquellos ciudadanos que piden algo que la Administración tiene que cumplir porque están acreditados los requisitos, ante estos permisos administrativos es positivo. «La obligación del Estado es siempre responder al ciudadano, lo que no quiere decir que tenga que ser de manera positiva», puntualizó.
«El silencio positivo es una garantía al ciudadano, para poner fin a la incertidumbre, hay supuestos nuevos para el sí», agregó.
«Otros puntos donde hay modificaciones es el patrocinio ante la Administración Pública, ahora podés tener un representante que incluso puede no ser profesional del derecho, ahora si tiene que ver con una cuestión jurídica si tiene que ser un abogado», destacó.
«También plantea el principio de burocracia eficiente, que es al momento de hacer un trámite presentar todo una sola vez. Por ejemplo, si presentaste un poder en el Ministerio de Salud no tenes la obligación de presentarlo de nuevo para otro Ministerio con la excepción de que hayas cambiado de apoderado. Busca que el Estado se interconecte y agilizar los trámites».
«En mi opinión, tiene muchos aspectos positivos y otros negativo que es que quedaron muchos huecos, interpretaciones ambiguas y errores técnicos», concluyó.
LOS CAMBIOS EN EL EMPLEO PÚBLICO
Un capítulo de ley Bases impone nuevas regulaciones en el Empleo Público para la Administración nacional. «Ahora para aplicar una cesantía una de las posibilidades para que aquellos que tienen estabilidad, hoy si tiene tres días sin ir a trabajar se lo intima. Otro tema es la disponibilidad, por ejemplo ante el caso del cierre de un organismo público, el trabajador queda en disponibilidad y si no encuentra otro lugar donde desempeñarse si pasa un determinado tiempo (depende de la antigüedad) y el trabajador no consigue otro lugar en el Estado se le paga la indemnización y se lo puede despedir. También en ese período debe capacitarse y puede buscar empleo en el sector privado».
«También dice que los concursos para ingresar a un puesto va a ser secreto con el objetivo de que no haya designaciones políticas», amplió.
