En las últimas horas se conocieron más detalles sobre las irregularidades que tienen lugar en el ámbito del PAMI Tucumán. A partir de nuestra denuncia periodística, fuentes vinculadas al Instituto convalidaron lo afirmado en la nota y señalaron que se podría estar ante la comisión de varios delitos, tales como fraude contra la administración pública, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros. Entre los apuntados sobresalen el director del PAMI tucumano, el gremio sin personería SUTEPA, y el diputado nacional Ricardo Bussi.
POR MARCELINO MORENO
Una de las cosas que llaman poderosamente la atención de propios y extraños, es el proceder de los dirigentes del SUTEPA tucumano -un gremio sin personería gremial, valga la paradoja-. Es que mientras desde la conducción nacional de esa entidad adherida a la CTA embate permanentemente contra el presidente Javier Milei y su gobierno mostrando un neto sesgo opositor, la filial tucumana está estrechamente ligada al diputado nacional Ricardo Bussi, ferviente aliado de La Libertad Avanza y defensor a ultranza de las políticas que impulsa el jefe de la Casa Rosada. La relación entre SUTEPA y Bussi llega a tal punto que el diputado ampara sin tapujos al gremio y sus dirigentes.
En tanto, ¿a quién ampara el gremio? Sin dudas al director del Instituto a nivel local, Martín Fernández González, y al Coordinador Médico, el doctor Guillermo Brito el cual, en concreto, es quien maneja la salud y de algún modo la vida de los jubilados y pensionados nacionales residentes en Tucumán. Y si la otra pregunta apunta a saber de qué ampara SUTEPA a ambos funcionarios, la respuesta tiene nombre de empresa: Cena y Reinoso SRL o “Clínica del Pilar”, según el nombre de fantasía. Es que la citada institución médica aparece claramente favorecida por la conducción del organismo ya que, mientras cobra por una cápita de 77 camas mensuales, en los hechos solo tiene disponibles para los afiliados de PAMI un total de 56 camas por mes, de las cuales 21 pertenecen al sector de terapia intensiva. Y la pregunta que surge de esto es por qué el PAMI está pagando por un servicio que evidentemente no recibe, sobre todo considerando que el último monto abonado a la clínica de Cena y Reinoso fue de $236.697.715,81.
En el expediente 2023-83959080-INSSJP-GAP#INSSJP está contenida la Auditoría 471/2023, a la cual ya aludimos. De esa auditoría, desde luego a disposición del director Fernández González, y también de la que por su lado realizó PAMI Central, surge claramente que la citada clínica Del Pilar no reúne los requisitos mínimos como para atender la salud de las personas de la tercera edad. Dicho más rotundamente: la Clínica del Pilar no puede seguir siendo prestador de PAMI. Todo indica que el director Fernández González leyó esa auditoría y todo hace pensar que tras ello debió enviarla a las autoridades nacionales del Instituto; sin embargo, al menos esto último nunca lo hizo. ¿Por desidia? ¿Por desconocimiento? ¿O por complicidad?
Y un párrafo aparte merecen las repentinas y frecuentes reuniones que últimamente estarían sosteniendo en lujosos hoteles tucumanos el diputado Bussi, el doctor Reinoso, el también diputado Gerardo Huesen y el director del PAMI, Fernández González. Cuesta mucho creer que se reúnan para hablar de política; o, en todo caso, cuesta creer que solo se reúnan para hablar de política.
Por ahora, el tema parece no haber llegado a conocimiento de las autoridades nacionales del Instituto; el gobierno nacional no se ha dado por enterado y la Justicia, bueno… Además de tener los ojos vendados, llega tarde. Pero a veces llega. Y en este caso, sería bueno que llegue y actúe, aunque sea de oficio. Sobre todo porque el principal damnificado es el Estado nacional y -en cualquier momento- también miles y miles de jubilados nacionales con residencia en Tucumán.
