Los tucumanos no olvidan la nefasta noche en la cual la policía provincial, por orden del gobernador de facto Antonio Domingo Bussi, detuvo a cuanto mendigo halló en la calles de la capital provincial, los subió a un camión y los fue abandonando en la frontera con Catamarca. Así, y por el proceder demostrado hasta ahora, pareciera que el hijo del genocida trata de emular a su padre. Pero ya no para “mejorar el aspecto” de la ciudad, sino para perjudicar al PAMI local y a sus afiliados.
POR: MARCELINO MORENO
El diputado nacional Ricardo Bussi es un hombre ambicioso. De hecho, desde el momento en que asumió el nuevo gobierno –al cual supuestamente adhiere con fervor-, trató de tener bajo su órbita a cuanto organismo nacional tenga presencia en la provincia. Sí: algo muy propio de la “casta” a la cual LLA vino a combatir. Ahora bien: no contento con eso, logró imponer a uno de sus hombres como Director del PAMI Tucumán, más precisamente al doctor Mario Fernández González, alguien sin ningún antecedente en materia de administración de salud. Claro que el flamante designado no llegaba solo: junto a él apareció Sergio Fernando Reinoso, un prestador sanatorial de PAMI.
En realidad, Bussi intentó que el director del organismo en la provincia fuera Reinoso, maniobra que fue rechazada de plano por las autoridades nacionales del organismo por una manifiesta incompatibilidad: no se puede dirigir un organismo del cual, a la vez, se es prestador. Sin embargo, el tándem Bussi-Reinoso no desistió y logró el desplazamiento del hasta entonces director del PAMI tucumano, Mariano Usandivaras, quien fue reemplazado, precisamente, por el hombre que no sabía –ni sabe- nada de administración de salud: el ya nombrado Fernández González.
Ya en su cargo, el nuevo Director nombró como Coordinador Médico a Guillermo Brito, cuya tarea es encargarse de las prestaciones médicas de todos los afiliados. Hasta allí, sería una designación normal de no ser que, tanto dentro como fuera del organismo, se comenta con firmeza que Fernández González y Brito son familiares. Si esto fuera así –nadie lo ha desmentido hasta el momento-, la pregunta es si la intención de ambos es mejorar la atención de los afiliados o concretar tan vastos como espurios negocios.
Por otro lado, el director de PAMI Tucumán se maneja con un conjunto de personajes ya conocidos en la provincia, todos miembros de SUTEPA, un “gremio” sin personería gremial. Está claro que todo lo que hace y decide Fernández González cuenta con el aval de Bussi y del también diputado nacional Gerardo Huesen, ambos de Fuerza Republicana y, este último, ferviente adversario del presidente Javier Milei y su gobierno. Y si algo le faltara a esta serie de turbias relaciones, surge que el conductor del SUTEPA tucumano es Ricardo Alé Huidobro, obviamente miembro del tristemente célebre clan Alé y uno de los condenados (sin prisión efectiva) por tráfico de personas a partir del sonado caso de Marita Verón. Asimismo, y como el Director Fernández González no parece privarse de nada, tiene entre sus asesores a Julio Vergara Altuve, a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación recomendó que la Justicia tucumana siguiera investigando como “principal sospechoso” en el caso de la muerte de Lucas Fernández, algo que nunca se hizo (Lucas Fernández, entonces de 17 años, fue muerto luego de salir de un boliche de la capital provincial, en marzo de 1996 y su caso sigue impune).
Con estos antecedentes a cuestas, Fernández González junto a los diputados Bussi y Huesen, fueron a la Casas Rosada con el sospechado fin de proteger los intereses propios, los del doctor Reinoso y de su clínica (“Reinoso y Cena” es el establecimiento que en Tucumán todos conocen como “Clínica del Pilar”). A propósito: dicha clínica es la que tiene mayor cantidad de cápitas y, en el último semestre, le facturó a PAMI un total de $1.024.000.000. Sin embargo, de acuerdo a una auditoría del propio organismo –la cual acompaña esta nota-, el nombrado establecimiento debiera ser dado de baja como prestador por no reunir las condiciones mínimas exigidas. Pero es aquí donde aparece otra de las perlitas del PAMI que conduce el hombre de Bussi: casualmente, quien debiera auditar y decidir sobre la suerte de la Clínica del Pilar es la doctora Gabriela Andrea Rosemberg, quien además de trabajar en PAMI como auditora atiende un consultorio en la citada clínica. ¿Se entiende?
En su visita a la Rosada, Fernández González y compañía llevaron un informe responsabilizando a otros del pago de 464 millones de pesos a un solo prestador; pero fue el actual director quien autorizó ese pago. Y es esto último lo que retrotrae a la noche en que Bussi padre mandó “tirar” los mendigos en Catamarca: Bussi hijo y su gente se desligan de los problemas y culpan a terceros. Mientras, los afiliados del PAMI Tucumán corren el peligro de quedar tan desamparados como aquellos mendigos desalojados de la provincia. Los tucumanos de bien esperan que la justicia investigue una posible asociación ilícita entre funcionarios, empresarios y legisladores. Y, también, que el presidente Milei advierta dónde están sus verdaderos enemigos.
