Bomba política. Alberto Fernández anunció la intervención por los próximos 60 días y un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” a la empresa Vicentín. La empresa vinculada al agronegocio, con base entró en cesación de pagos a comienzos de diciembre dejando una enorme deuda con el Banco Nación de 18 mil millones de pesos y otro tanto con productores. Fernández aseguró que se garantizarán los 7000 puestos de trabajo y a los 2600 productores de materias primas proveedores de la empresa. “Es una decisión estratégica para la economía argentina”, aseguró.
Por Leonardo Martín
“Estamos firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. El Gobierno designó como interventor a un experto que es Gabriel Delgado”, expresó Alberto Fernández en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí fue acompañado del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, del interventor Gabriel Delgado y de la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.
Vicentín está actualmente en un Concurso Preventivo de Acreedores desde febrero tras entrar en cesación de pagos el 4 de diciembre pasado. “Mañana va a presentarse Matías (Kulfas) y Delgado al Concurso y a la empresa para hacerse cargo de la intervención que estamos disponiendo en este momento. Es una empresa de magnitud en el mercado agrícola (…) Es una decisión estratégica para la economía nacional”, afirmó.
DNU Proyecto de Decreto Intervención en Vicentin
“Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (7.000)y que los 2600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”, agregó.
“Tiene plantas en Avellaneda (norte Santa Fe) y en San Lorenzo, Ricardone, una división de producción de biodiesel, otra textil que incluye una desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo de uva concentrado en San Juan, bodega en Mendoza, exportación de miel y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción”, detalló Alberto Fernández.
El proyecto de ley fue trabajado en conjunto entre Kulfas y Fernández Sagasti, “de una idea primigenia de Anabel de intervención y expropiación”, contó Fernández. “Estamos mandando esa ley al Congreso nacional para que el Estado nacional se haga cargo. Todos los activos de Vicentín pasarán a ser parte de un fondo fiduciario enconmendándole la gestión a YPF Agro”, detalló el Presidente.
“Estamos buscando que una empresa de capitales mixtos de la Argentina que tiene un reconocimiento en su gerenciamiento pueda hacerse cargo de la gestión futura de esta empresa que nosotros queremos rescatar de la economía argentina. Un sector con particular relevancia que es el mercado de granos y cereales. Un mercado que en la pospandemia para nosotros tiene especial relevancia. Favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que el país necesita. Tener una empresa testigo en ese sector es muy importante“.
“Esto es rescatar una empresa que en los tiempos que se vienen, donde los alimentos van a tener un rol preponderamente en la economía mundial van a tener un rol muy significativo”, indicó.
“Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en sus puestos de trabajo y también a los 2600 productores. Ellos son una fuerza muy importante para el desarrollo del Grupo Vicentín”, informó.
KULFAS: “TENER UNA EMPRESA TESTIGO EN EL MERCADO DE GRANOS Y EN EL MERCADO DE CAMBIOS”
“Tenemos como objetivo de rescate de esta empresa central en el mercado agropecuario. Productores de Santa Fe, Córdoba y diferentes lugares del país han sufrido la consecuencia de esta cesación de pagos. Significa poner de pie a esta empresa tan importante y que el Estado argentino con la idea de una gestión profesional y con una mirada profesional y estratégica de YPF poder tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”, aseveró Matías Kulfas.
ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI: “VAMOS A TRATAR PRONTAMENTE LA LEY EN EL SENADO”
“Recibimos muchas demandas alrededor de lo que estaba sucediendo con Vicentín. Es una excelente noticia poder rescatar esta empresa que tiene que ver con la soberanía alimentaria de todos los argentinos y argentinas. Desde el Senado vamos a tratar la ley prontamente, con la apertura a la discusión que nos caracteriza. Es un herramienta fundamental para el Estado nacional con una empresa testigo en el mercado de granos e industria alimenticia”.
GABRIEL DELGADO: “ES UN INSTRUMENTO PARA GESTIONAR POLÍTICAS PÚBLICAS MUY RELEVANTE Y QUE VA A TRASCENDER LA POLÍTICA NACIONAL”
El interventor designado para, al menos los próximos 60 días, es Gabriel Delgado. “Doctor en Finanzas, especializado en Finanzas Rurales y licenciado en Economía Agropecuaria”, resume su formación académica la página del INTA.
Fue Director del Ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2013-2015), además de ser productor agropecuario, entre otras tareas y cargos que ocupó.
“Es un enorme responsabilidad. He trabajado toda mi vida con la política agrícola. Es una decisión que viene a rescatar una empresa tan importante para la Argentina, pero acá la decisión histórica como va a ser este fondo que va a administrar con la talla de YPF que tiene que ver tanto con la Argentina para un sector que también tiene que ver con la Argentina”.
Los que trabajamos en el sector agropecuario apoyamos mucho el desarrollo de Vaca Muerta y ahora a YPF le toca tener la Vaca Viva. La producción bioindustrial también es energía, este es un sector muy importante para la Argentina y creo que se puede transformar en un instrumento para gestionar políticas públicas muy relevante y que va a trascender la política nacional”.
ALBERTO FERNÁNDEZ: “NO ESTAMOS PENSANDO EN BUSCAR IRREGULARIDADES, QUEREMOS MANTENER A LA EMPRESA EN PIE”
Respecto a las maniobras realizadas alrededor de Vicentín que incluyó un voluminoso préstamo que realizó el Banco Nación presidido por Javier González Fraga de 18 mil millones de pesos, Alberto Fernández apuntó: “Soy de los que piensa que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estamos disponiendo la intervención y si allí surgieran evidencias de alguna maniobra de ese tipo se harán las denuncias del caso, pero no vamos con ese proposito sino de levantar y mantener en pie una empresa muy importante que no queremos que tenga una gestión burocrática, que sea una empresa donde confluyen capitales privados y estatales como YPF. No estamos pensando en buscar irregularidades, queremos mantener en pie a la empresa”.
Desde la cesación de pagos el 4 de diciembre pasado hubo sectores que reclamaron la estatización de Vicentín ante las maniobras de la empresa conducida por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Desde productores afectados a organizaciones gremiales, sociales y políticas venían reclamando la medida. En los últimos semanas habían surgido interesados con la empresa, entre ellos la multinacional belga Glencore (ya socia de Vicentín) y grupos locales, uno de ellos donde operaba José Luis Manzano, otrora peronista renovador y funcionario menemista devenido en un próspero empresario.
En el contexto de la pandemia, la estatización de Vicentín es valiosa por diferentes aspectos. Como afirmó Alberto Fernández su valor “estratégico” de empresa testigo en la producción de alimentos -clave en el duro presente económico y en la información sobre las cadenas de valor- y en el siempre vidrioso mercado exportador.
También para dar un mensaje a sectores empresarios inescrupulosos con maniobras escandalosas como las de Vicentín, con complicidades del gobierno de Mauricio Macri. El principal, Javier González Fraga, presidente del Banco Nación quien otorgó el crédito multimillonario sin el respaldo adecuado, poniendo en juego la sustentabilidad del Banco Nación.
LA REACCIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL
Previsible. Mediante un comunicado de prensa, la Sociedad Rural Argentina expresó “preocupación por la intervención de Vicentín”.
“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves de los que se pretendía solucionar”.
“El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”, concluyeron.
