Tres objetivos en el camino del movimiento obrero argentino: En modo urgente la sanción de la Emergencia Alimentaria, en el corte y mediano plazo recomponer el salario y encender los motores de la economía y en el largo plazo consolidar un modelo productivo que contenga a las grandes mayorías.
Por LEONARDO MARTÍN
El escenario tras elecciones primarias del 11 de agosto pasado es de una agudización de la crisis socioeconómica y también de una revitalización de los desafíos para el mundo sindical. El macrismo comienza a despedirse con un saldo de lamentables consecuencias para millones de argentinos: un endeudamiento externo aplastante que condicionará la maniobra política y económica, destrucción de la industria nacional, desempleo en alza y millones de nuevos pobres. Una tragedia y un modelo económico que estalló en menos de cuatro años. Una triste marca que lo deja en el podio entre los gobierno más nefastos de la historia argentina.
En ese contexto, hoy se pueden visualizar tres objetivos que se plantea el sindicalismo argentino con los matices que siempre existen en un movimiento obrero muy complejo, variado y amplio como el argentino. Son tres objetivos que avanzan en paralelo, con reclamos urgentes, de mediano y largo plazo.
El más urgente es la sanción de la Emergencia Alimentaria para atender la situación límite que atraviesan millones de compatriotas; el de corte y mediano plazo es reconstruir el poder adquisitivo de un salario muy deteriorado y comenzar a hacer rodar los engranajes productivos y, por último, consolidar un modelo económico y un proyecto de país de largo plazo con eje en la producción y de carácter federal, con altos niveles de empleo, un mercado interno robusto y que logre diversificar la matriz productiva sepultando de una vez por todas el modelo financiero y especulativo.
La Emergencia Alimentaria ha dominado la agenda de las últimas semanas con un amplio abanico de actores reclamando que el Gobierno nacional avance con medidas de modo urgente para atender la demanda primaria de alimentos.
La disparada de la inflación tras la PASO con remarcaciones generalizadas agudizaron el deterioro salarial que desde que asumió Macri viene en caída libre, con apenas un leve respiro y equilibrio en 2017. En los sectores populares, de mayor precarización laboral, esto golpea aún más fuerte, afectados por la baja en la actividad, con ingresos que pierden frente a la inflación y que en relación a los trabajadores del sector privado registrado y del empleo público la caída es aún mayor. Menos trabajo, ingreso deteriorados, alimentos que se mueven al compás de las devaluaciones dejan a millones de argentinos en una situación límite.
La organizaciones populares han realizado movilizaciones masivas para presionar frente al Ministerio de Desarrollo Social, medidas que incluyeron acampes. Días atrás la Mesa del Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna donde confluyen una amplia variedad de actores con gremios de CGT, CTA, organizaciones sociales, religiosas, Pymes, Cooperativas, Rurales dio a conocer un documento reclamando acciones inmediatas para avanzar en la Emergencia Alimentaria proponiendo, además, un acuerdo multisectorial.
En los últimos días también hubo movimientos de diputados de la oposición, de intendentes bonaerenses así como de un grupo de ministros de Desarrollo Social de las provincias en el mismo sentido. Hasta ahora el Gobierno no atiende la demanda. En la reunión que tuvieron dirigentes de la CGT con la ministra Carolina Stanley y el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica enviaron la pelota al Congreso de la Nación, argumentando que allí se debe definir la Emergencia Alimentaria. Vale recordar un Congreso prácticamente abandonado por la alianza Cambiemos en el año y un tema en el cual no parece urgido en resolver frente a un drama social inaceptable, en muchos casos irreparable, de que millones de argentinos no puedan acceder a una alimentación adecuada.
Otra demanda comienza a levantar vuelo es la recomposición salarial por diferentes vías. Algunos mediante un bono como primera instancia, otros buscando reabrir la paritarias o activar en modo adelantado las cláusulas de revisión. También casos como los docentes bonaerenses que acordaron una cláusula gatillo que recompone cada tres meses el salario adelantar la pérdida de poder adquisitivo de agosto y la de un septiembre en donde la suba de los precios es alta.
La respuesta del Gobierno tras atizar la devaluación posPaso fueron un bono de $ 2.000 para los trabajadores relación de dependencia del sector privado, $ 5.000 para los públicos y una baja en el Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias. Medidas tomadas para apuntalar la caída de la imagen presidencial mientras paralelamente desfinancia a las provincias de impuestos coparticipables y arroja problemas a los ejecutivos provinciales.
Desde la CGT hubo un pedido de un bono de $ 5.000 a resolver de modo urgente y una reapertura de la paritarias. Aquí hay que aclarar que en las negociaciones la gran mayoría de los acuerdos pactó una cláusula de revisión y en el mejor de los casos cláusulas gatillo. El planteo es adelantar cláusulas de revisión, especialmente en aquellos casos en donde aún faltan varios meses para abrir esa instancia.
En una economía como la argentina donde los movimientos en el mercado interno representa la mayor porción y donde las PyMES, principales generadoras de empleo, venden sus productos en su enorme mayoría al mercado doméstico una recuperación de la economía requiere atender en modo prioritario a ese sector.
Por último, el objetivo de largo plazo es consolidar un modelo productivo en una Argentina que tras el período 2002-2015 retrocedió violentamente durante el período macrista virando a la especulación financiera en una película que siempre tiene el mismo final, del género de terror.
Para garantizar una calidad de vida aceptable para 45 millones de argentinos no hay otro camino que promover un modelo productivo lo que implica altos niveles de empleo y salarios en alza. Diversificar esa matriz productiva agregando mayor valor agregado a los productos industriales o en aquellos recursos naturales en los que existe ventaja comparativa; protegiendo a la industria local de las importaciones; promoviendo a PyMES y cooperativas; orientando los créditos del sector financiero hacia emprendimientos productivos; con tarifas de servicio públicos razonables y que aporten a generar una mayor competitividad.
Cristina planteó la idea un “nuevo Pacto Social”, Alberto la de un eventual comienzo de gestión con un plan de 180 días con un acuerdo de precios y salarios entre gremios, sector empresario y Gobierno para estabilizar la inflación, comenzar a recomponer el poder adquisitivo del salario y encender los motores de la economía.
El desafío es profundizar un modelo productivo que tiempos recientes indican que es posible y necesario para una país que contenga a sus grandes mayorías. Requerirá planificar y poder dar resolución al talón de aquiles que ha tenido en otros momentos históricos este modelo: la restricción externa, los límites de la cantidad de divisas disponibles para seguir profundizando la industrialización. Se plantea la necesidad de planificar cómo diversificar la matriz productiva para una mayor sustitución de importaciones y un aumento, paralelamente, de las exportaciones. Divisas necesarias para enfrentar el colosal endeudamiento externo de la alianza Cambiemos.
La experiencia macrista ratifica una vez más que el modelo neoliberal, financiero, es inviable tanto económica como socialmente. Desde el 10 de diciembre el país dio un retroceso que hoy se paga con mayor desempleo y millones de nuevos pobres y marginales. El desafío histórico es consolidar este modelo productivo lo cual será imposible sin el sostén del poder y la participación popular, menos aún si no hay un movimiento obrero con definiciones claras para proteger el empleo, los salarios, enfrentar los cambios tecnológicos lo que en definitiva es proteger el bienestar de millones de argentinos.
