El martes 23 de abril se rematará el malogrado complejo Estrella del Sur ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen al 600 en Avellaneda. Desde los adherentes al fideicomiso criticaron duramente la decisión del juez Hérnan Papa por la “velocidad con que tomó la decisión” y porque no se buscaron caminos para continuar con la obra en beneficio de los adherentes.
El megaemprendimiento Estrella del Sur lleva más de un lustro con la construcción paralizada, un enorme elefante blanco pegado a las vías del tren Roca y a unas pocas cuadras de distancia de la cancha de Independiente. La comercialización comenzó en 2009, con un proyecto que contemplaba el desarrollo de cuatro torres de 27 pisos con 927 departamentos, cocheras, gimnasios y hasta un jardín de infantes. Una obra faraónica que terminó convirtiéndose en una enorme estafa para centenares de familias que depositaron ahorros y sueños de casa tener la casa propia.
En diálogo con FM SECLA, Rodolfo Russo, adherente al fideicomiso conformado para la construcción del emprendimiento, abogado, criticó duramente la decisión del juez comercial Hernán Papa, que fue quien determinó la subasta que se realizará en los próximos días. “Los tiempos de la Justicia para algunos casos son muy especiales, para otros no” deslizando dudas sobre las intenciones a partir de la rapidez con la que tomó la decisión de liquidar y subastar el complejo.
“Desde el inicio del proceso de liquidación y subasta apenas pasó un año y medio cuando un proceso de estas características, habitualmente, lleva hasta cinco años” describió Russo.
Para detener la subasta y buscar una resolución alternativa, Russo contó que hace “30 días un grupo de adherentes nos reunimos y le pedimos al juez Papa que trate de convocar a una reunión a una serie de entes, entidades y organismos. Entre ellos el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, al Gobierno de la Provincia, a los Defensores del Pueblo de la Provincia y Nación, al ANSES, al Banco Provincia y BAPRO Mandatos para que todos en una mesa de reunión aporten para evitar la subasta y se termine de cumplir el objeto del fideicomiso”.
La respuesta del Juez Papa fue negativa, desestimando el pedido. “El propio Defensor del Pueblo de la Nación pidió la suspensión de la subasta, pero el juez también se lo negó” se lamentó Russo.
La velocidad del proceso de liquidación, las maniobras de las empresas implicadas en el desarrollo del proyecto abren profundos interrogantes y habilitan hipótesis sobre intenciones ocultas non sanctas.
“Esto es una estafa concreta por la cual nadie pagó por sus responsabilidades” afirma Russo. En el desarrollo participaron BAPRO Mandatos, la empresa Bainter y la constructora CIESA lo cual daba cierta confiabilidad al emprendimiento por el recorrido de las empresas y por estar el Banco Provincia. La confianza fue defraudada.
Tras ello arremete, «Todo esto estaba organizado, desde que suscribieron el contrato las tres empresas. Avanzar en la obra, provocar el desfinanciamiento y que se termine liquidando. Hoy, por ejemplo, la Torre Central está construida en un 70%. La inversión para terminar un proyecto de estas características no es mucha. Con la subasta ya compran el predio saneado, libre de todo conflicto y deuda, con una obra avanzada y los planos de obra”.
A su vez, Russo, recordó que existió una situación similar en Mar del Plata, «donde una empresa constructora y el fiduciario hicieron un emprendimiento con claros fines defraudatorios».
Una pregunta central es ¿qué va a suceder con el dinero invertido por los que accedieron al fideicomiso? ¿Cuánto recuperarán de aquello que han invertido, en muchos casos con el pago completo de la futura propiedad?
El piso de “la subasta sale por 20 millones de dólares. A eso hay que sumarle costos y costas, edictos, perito inventariadora en donde podemos presumir que de la venta hay que descontar un 30% en esos puntos”.De terminar vendiendo por ese precio, “quedarían para distribuir 14 millones de dólares en la masa de los adherentes” detalla Russo.
En un escenario optimista, “de la inversión inicial medida en dólares estimamos que los adherentes vamos a recuperar un 30 o 40%. Eso significa un daño patrimonial infernal. Esperemos que para el cobro en el proceso posliquidación el juez Papa actúe con la misma rapidez con la que avanzó en el proceso de liquidación y subasta” cerró Russo dejando trascender una mezcla de bronca acumulada a través de los años con la impotencia de enfrentar mecanismos con suficiente poder en pasillos judiciales y políticos para poder convalidar una maniobra escandalosa.
ENTREVISTA: Pedro Fernández y Pablo Guillermo / TEXTO: Leonardo Martín
