Integran un listado de 1111 internos que fue enviado a jueces porque están en condiciones de acceder a la libertad condicional o a la prisión domiciliara con pulsera electrónica
96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge «El Tigre» Acosta y Julio «el Turco Julián» Simón, uno de los integrantes del «Clan Puccio», homicidas, violadores y condenados por robo. Esos fueron los presos «sugeridos» por el gobierno nacional para que salgan de prisión bajo libertad condicional o en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Así consta en el listado de 1.111 detenidos –hombres y mujeres– que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan ese beneficio. Infobae accedió al listado y a los motivos, que el gobierno nacional defiende y que causó resistencia entre los magistrados.
Son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: «internos de lesa humanidad mayores de 70 años», «internos comunes mayores de 70 años», «nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)», «discapacitados», «internas alojadas con hijos de hasta 10 años», «alojadas con hijos», «internas embarazadas» e «internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional».
El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del estado de derechos humanos, la nota 309 junto con los ocho listados.
La nota explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia le había pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano y de quien depende el SPF, que diera una solución a la situación en las cárceles.
Así, el SPF le informó a jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al propio Ministerio de Justicia sobre el «Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera electrónica)» y «los internos que podrían ser incorporados a prima facie al citado Protocolo».
«Para un mejor proveer se remite el listado de internos sugeridos para dicho beneficio, discriminados de acuerdo a las características de cada caso», cerraba la nota.
Uno de los listados que recibieron los jueces eran de los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Son 96, todos mayores de 70 años, uno de los requisitos que establece la ley para acceder a la prisión domiciliaria y que fija el Protocolo para obtener una pulsera electrónica.
Entre esos presos sugeridos están «El Tigre» Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua. Los también represores de la ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío y apropiador de la diputada nacional Victoria Donda), el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, también condenados a prisión perpetua.
El listado continúa con Julio «El Turco Julián» Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del «Clan Puccio», la banda liderada por Arquímedes Puccio que protagonizó una serie de secuestros en la década del 80. La Corte Suprema confirmó en 2015 la condena a prisión perpetua de Fernández Laborda.
El resto de las personas «sugeridas» por el Gobierno para salir de prisión son 106 del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta 10 años. Son todos los casos que prevé el Protocolo para acceder a la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y que incluye a internos de baja peligrosidad y que están en el último tramo de su condena.
Se trata de personas condenas mayormente por delitos vinculados al narcotráfico pero también hay casos de homicidios, abusos sexuales, violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.
El último listado corresponde a personas que están en condiciones de acceder a la libertad condicional. En ese caso son 347. En la lista de fines de enero a la que accedió Infobae está Mario Segovia, conocido como «El Rey de la Efedrina» y condenado por el tráfico de precursor químico para elaborar drogas sintéticas . Fuentes del Ministerio de Justicia informaron que ese listado se actualiza periódicamente y que en el enviado la semana pasada a los jueces Segovia no está. Este medio pidió los listados actualizados pero desde la cartera de justicia no quisieron darlos.
Entre los internos con posibilidades de la libertad condicional hay 25 condenados por homicidios y 31 por abusos sexuales, según un relevamiento que realizó este medio. También hay por otros delitos como robos, infracción a la ley de drogas, trata de personas, y secuestros.
Desde el gobierno de Mauricio Macri defendieron la medida. «Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quienes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste», señaló un funcionario que trabaja en el tema y que recalcó que la libertad de un detenido es «facultad del juez».
Según datos oficiales del SPF, hoy hay 11.994 personas detenidas en cárceles federales cuando la capacidad es para 11.577.
Entre los jueces hay enojo con la medida del Gobierno. «Nos quieren pasar a nosotros el problema de la superpoblación cuando es de ellos. Tomaron medidas que generaron más detenidos, como la ley de flagrancia», explicó uno.
Las libertades condicionales son a pedido de las defensas y los jueces no las pueden dictar de oficio. Eso sí pueden hacerlo en los casos de prisión domiciliaria con tobillera electrónica pero no es lo que suele ocurrir sino que resuelven ante el planteo de un detenido.
Otro juez hizo saber su enojo: «El mismo gobierno que nos putea y nos denuncian con juicio político por liberar a violadores nos piden que liberemos violadores».
Fuente: INFOBAE
