La intención es que los acuerdos se firmen antes de fines de marzo, para contener las negociaciones en el sector público y la presión de los gremios más combativos.
Mientras sigue de cerca las negociaciones de cada provincia con los gremios docentes, con la inquietud de que no está garantizado el normal inicio de las clases en la mayor parte del país, el Gobierno decidió echar mano al grupo de gremios dialoguistas de la CGT para tratar de consolidar su estrategia en la presente ronda de paritarias. Con ese propósito, desde los próximos días y hasta antes de final de marzo, apuesta a anunciar con bombos y platillos el cierre de un conjunto de paritarias de actividades clave del sector privado con incrementos del 15% y la incorporación de cláusulas de revisión por inflación.
Esa ingeniería, muy similar a la que supo consagrar la administración de Cristina Fernández durante su gestión para marcar el ritmo de las negociaciones salariales de cada año, ya se puso en marcha días atrás con el acuerdo sellado por el gremio de Obras Sanitarias, que lidera el dirigente José Luis Lingeri del sector de independientes de la CGT, en los términos pretendidos por la Casa Rosada. En las próximas semanas la apuesta oficial se concentrará en la definición de los convenios en Comercio, construcción, Luz y Fuerza, petroleros y transporte de pasajeros, como ferroviarios y los colectiveros de la UTA.
De ese lote, la paritaria de los empleados de Comercio, la más numerosa porque involucra a más de 1,2 millón de trabajadores, aparece como la discusión más avanzada. El gremio del sector, que comanda Armando Cavalieri, y las cámaras empresarias de la actividad (CAC y Came) firmaron en enero último un incremento de 6% adicional al acuerdo de 2017 (por la cláusula de revisión por inflación) e inmediatamente avanzaron en la negociación de este año. En esa línea, consensuaron informalmente una suba de 15% en dos tramos (abril y septiembre) y repetir el esquema de revisión del año pasado. «Esta todo cerrado, en cuestión de días se estará haciendo el anuncio», confiaron a este diario voceros de la negociación en Comercio.
Similar escenario se observa en la discusión en la industria de la construcción, entre la cámara empresaria sectorial y el gremio de la Uocra, que encabeza Gerardo Martínez. En ese caso, la negociación abarca dos ejercicios paralelos: por una parte, la aplicación de la cláusula de revisión establecida en el entendimiento de 2017 (se estima un aumento adicional en torno al 4% sobre la suba inicial de 21%) y, por otro, la forma en que se instrumentará la suba de 15% para este año. «Lo que estoy cerrando es igual a lo que habíamos pactado en 2017. Nunca puse cláusula gatillo. Lo que sí figura es la sensatez de que si esto firmado como base no se da, dentro de 5 o 6 meses nos volvemos a reunir y actualizamos los valores sobre la base del costo de vida», explicó el sindicalista en referencia a los términos de la negociación en su actividad.
El cronograma que prevén en el Ejecutivo incluye, también en el corto plazo, la definición de otros convenios relevantes que ya están en plena discusión, como el caso de Luz y Fuerza, los gremios petroleros, la UTA de Roberto Fernández y los gremios del sector ferroviario (La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y señaleros).
De esa manera la Casa Rosada cree poder condicionar las discusiones con los sectores sindicales más combativos, como el caso de los bancarios (ya en conflicto en reclamo de una suba de 20% con cláusula gatillo), aceiteros, telefónicos, alimentación y los propios Camioneros de Hugo Moyano. «Están todos haciendo fila para ir a firmar el 15%, pero nosotros de ninguna manera vamos a suscribir eso», advirtió un referente del sindicalismo crítico ante El Cronista.
El objetivo oficial también apunta a contener la presión con los gremios de docentes y estatales, en plena discusión en la mayoría de las provincias.
Fuente: ELIZABETH PEGER, El Cronista
